El COITI irá a los tribunales si se aplica esta adaptación pues encarece el coste de las titulaciones y dificulta su homologación

EUROPA PRESS El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (Coiti), en representación de los más de 7.000 profesionales colegiados en Valencia y en consenso con el Colegio de Alicante y la Asociación de Valencia y Castellón, calificó hoy de “estafa” y mostró su “rechazo” al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros para regular la adecuación de los planes de estudio en el marco de la Declaración de Bolonia y aseguró que la entidad irá a los tribunales si se aplica esta adaptación pues perjudica a los ingenieros, encarece el coste de las titulaciones y dificulta su homologación.

Este colectivo profesional, con presencia en la práctica totalidad de los sectores industriales y empresariales valencianos, afirmó en un comunicado que la “interpretación” que ha hecho el Gobierno central de Bolonia resulta “contradictoria con el espíritu de este proceso”, pues “no incorpora ninguna actualización a los estudios de ingeniería, lo que aleja a España de los compromisos suscritos en la Declaración de Bolonia y suma el nivel de la ingeniería española en un profundo retraso”.

Asimismo, indicó que la postura adoptada por el Consejo de Ministros “se aleja del espíritu de Bolonia e incluso de las propias disposiciones legales promulgadas por el Gobierno”. El resultado de estos acuerdos resulta “perjudicial” para la Ingeniería Técnica, pues su aplicación “impedirá que los futuros títulos de grado tengan el nivel que se corresponde con los desarrollados en las universidades europeas, norteamericanas o japonesas”, lamentó.

“Con ello se limita, tanto la formación como el nivel, y definitivamente, las atribuciones profesionales del Ingeniero Técnico español, respecto del profesional titulado en las principales universidades de occidente”, denunció.

Para el Coiti, “la necesidad de que se tenga que cursar un máster para alcanzar las atribuciones profesionales de la ingeniería, tal y como se especifica en el citado acuerdo y en las Órdenes Ministeriales que lo desarrollan, supone una estafa social y un grave perjuicio para los estudiantes y sus familias”, criticó.

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